Procedimiento penal

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Breve aproximación a la justicia restaurativa en el sistema penal español. Recomendación CM/rec (2018)

07 de febrero de 2020 Artículos doctrinales DERECHO PENAL

La Recomendación CM/Rec(2018) ánima a las autoridades judiciales, organismos de justicia restaurativa y justicia penal a que desarrollen modelos restaurativos innovadores que puedan quedar fuera del procedimiento penal. Alude a la necesidad de dar protagonismo a las víctimas del delito, éstas no tienen adecuado acceso a la informacio?n sobre estos servicios y su implementacio?n no satisface sus necesidades.  Espan?a carece de regulación en materia de justicia restaurativa y sigue dando un escaso papel a las víctimas en esta materia, pese al gran avance que ha supuesto el Estatuto de las víctimas.  

El derecho a la última palabra, ¿incluye la penúltima?

El derecho a última palabra se configura como la manifestación más relevante dentro de la potestad de autodefensa que asiste al acusado en el procedimiento penal. Sin embargo, esta facultad se configura de una manera residual en nuestro ordenamiento procesal, casi relegado al ostracismo. A través de este artículo, hacemos un repaso al derecho de última palabra en conexión con la potestad de autodefensa, proponiendo una reforma que potencie esta capacidad del acusado y refuerce sus garantías procesales.

Los certificados de antecedentes penales deben incluir los derivados de condenas extranjeras con independencia del fin para el que se soliciten

15 de septiembre de 2017 Noticias ANTECEDENTES PENALES

No puede omitirse la referencia a un antecedente penal por una condena extranjera que conste debidamente inscrito, con independencia de que el certificado se solicite para un procedimiento penal o para un fin distinto del proceso penal y con independencia de que haya transcurrido el plazo de cancelación exigido en el derecho español.

La Acción Popular. Limitaciones a su ejercicio. La “Doctrina Botín”, el “caso Atutxa” y la aplicación al “caso Nóos”

24 de noviembre de 2015 Artículos doctrinales Acción popular

La relevancia de los supuestos en que se invoca la falta de legitimación de la acusación popular para perseguir ciertos delitos que tienen repercusión sobre la generalidad de los ciudadanos es fuente de recelos, por un lado cuestiona la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por otro la imparcialidad del Ministerio Fiscal, y, lo más grave, cuestiona la calidad de la democracia de nuestro Estado de Derecho. Si el acusador particular interviene en el procedimiento penal en defensa de sus intereses como perjudicado por el delito, ¿qué intereses mueven al Ministerio Fiscal como acusación pública, de un lado, y al acusador popular, de otro? La tensión entre la tradicional desconfianza que suscita el “uso” del Ministerio Fiscal por el Poder Ejecutivo y la suspicacia que despierta la manipulación de la Acción Popular para la consecución de intereses ocultos es lo que subyace en esta polémica.

La suspensión de la pena por el acuerdo de mediación alcanzado en la reforma del Código Penal

Reflexionamos sobre cuál es el perfil que debe tener el mediador que gestione este tipo de acuerdos, al recogerse en dicha reforma la nueva causa de suspensión de la condena en el procedimiento penal, pero no se define el estatuto del mediador que dirija tal modalidad de mediación. Por ello, entiendo que es muy importante definir cuál sería el perfil profesional de la persona mediadora en el conflicto existente entre la víctima y el victimario, en aquellos tipos de delitos donde la mediación sea posible, ni tampoco su formación y cualificación profesional.

Catalá anuncia una reforma de la LECrim para limitar la duración de la instrucción a seis meses

22 de febrero de 2015 Noticias Procedimiento penal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que va a presentar en el Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción de las causas a 6 meses para las causas sencillas, y 18 meses máximos para las causas complejas, todo ello con el fin de agilizar la justicia y el proceso judicial de las macrocausas.

Comparativa del procedimiento de "hábeas corpus" actual con la futura regulación procesal

La regulación actual del "hábeas corpus" desde el año 1984 se detalla en la mencionada Ley Orgánica, si bien los numerosos cambios normativos que se están produciendo en la presente legislatura aconsejan realizar un análisis comparativo de su articulado en relación a los nuevos cuerpos legales que se están preparando y que van a suponer, en el ámbito del procedimiento penal, un cambio radical en sus diferentes vertientes.

¿Hasta cuándo puede la víctima de un delito reclamar con abogado particular?

Como es sabido, existe la obligación legal (por parte del Secretario Judicial desde la reforma llevada a cabo por la Ley 13/2009 de 3-11) de hacer el correspondiente ofrecimiento de acciones a los ofendidos por un delito, es decir, se les debe advertir que tienen derecho a mostrarse parte en la causa y reclamar cuantas acciones civiles y penales pudieran corresponderle, pudiendo ejercitarlas en el mismo procedimiento penal y de forma conjunta, renunciar a unas u otras, o reservarse de forma expresa el ejercicio de las acciones civiles para el procedimiento civil correspondiente.

El ministro de Justicia anuncia las líneas maestras de actuación de su departamento

16 de octubre de 2014 Noticias Ministerio de Justicia

Catalá apuesta por el diálogo y el consenso para afrontar las próximas reformas de la Justicia. Se reunirá con todos los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios para discutir las necesidades de nuestros juzgados y tribunales. Convocará una mesa sectorial con las comunidades autónomas y otra sindical con los representantes de los trabajadores. No se escatimarán medios en la lucha contra la corrupción y se modificará el procedimiento penal para agilizar la instrucción de estos casos. .Se analizarán y revisarán las tasas judiciales de cara a una eventual mejora. Se agilizará la tramitación de los delitos de tráfico con embriaguez. Se mantendrá la demarcación judicial actual con partidos judiciales

En el ámbito penal, el registro del email de un trabajador requiere autorización judicial

29 de agosto de 2014 Noticias Prueba en el proceso penal

El TS establece que para que pueda otorgarse valor y eficacia probatoria en el ámbito del procedimiento penal al resultado de la prueba consistente en la intervención de las comunicaciones protegidas por el derecho consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución, por ejemplo, mediante el registro del correo electrónico corporativo de un trabajador, resultará siempre necesaria la autorización e intervención judicial.   

Informe sobre los cambios en el proceso penal

25 de julio de 2011 Noticias PROCEDIMIENTO PENAL

Entre otras cuestiones, se incorpora plenamente el derecho a la segunda instancia penal, se pone fin a la investigación indefinida, también conocida como "pena de banquillo" y se regulan derechos y garantías constitucionales tan importantes para los ciudadanos como los de la persona detenida, el control judicial de las medidas que limitan la libertad, la interceptación de las comunicaciones, la entrada y registro o el derecho a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos.

Aprobada la decisión marco para el traslado de personas condenadas a las que se suspenda o conmute la pena de prisión

10 de diciembre de 2007 Noticias COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La norma, aprobada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la UE, supone un avance en el reconocimiento mútuo en todas las fases del procedimiento penal, permitiendo que las condiciones impuestas para permitir la falta de ingreso en prisión en un Estado miembro se puedan cumplir en el de residencia del condenado.

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